El gobierno de Javier Milei oficializó la privatización de AySA mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial. La normativa permite la venta total o parcial de las acciones estatales en la empresa y otorga nuevas facultades a la futura concesionaria, entre ellas, la posibilidad de cortar el suministro de agua a usuarios con deudas.

Hasta ahora, AySA solo podía restringir el caudal de agua a los hogares residenciales morosos, pero no interrumpirlo completamente. Con el nuevo marco regulatorio, tras 60 días de mora, el corte total del servicio será legal. Para usuarios no residenciales, el plazo para interrumpir el servicio se reduce a 15 días. Solo hospitales, sanatorios y cárceles estarán exentos de esta medida.

La decisión se toma en un contexto de fuerte suba de tarifas. Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) reveló que las facturas de AySA aumentaron un 331% en lo que va del año. La nueva regulación también habilita revisiones tarifarias automáticas cada tres meses para ajustar las boletas según la inflación.

Además de habilitar los cortes, el DNU redefine el régimen regulatorio vigente desde 2006. A partir de ahora, la empresa podrá utilizar fondos de explotación para financiarse, comercializar excedentes de agua o capacidad cloacal, y digitalizar la administración del servicio.

El proceso de privatización afectará a la Ciudad de Buenos Aires y a múltiples municipios bonaerenses del Área Metropolitana, donde AySA presta servicios de agua potable y saneamiento.